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Webinar del Instituto de Oficiales de Cumplimiento sobre las recientes imputaciones a personas jurídicas en la Audiencia Nacional

Webinar del Instituto de Oficiales de Cumplimiento

El pasado 17 de octubre el abogado y Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid, Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles, impartió una conferencia que llevó por título “Imputaciones a personas jurídicas en la Audiencia Nacional, lecciones positivas y negativas aprendidas”

El Catedrático comenzó con el análisis del Auto dictado en el seno del Juzgado de Instrucción Central número 2 de fecha 18 de abril de 2018. Los hechos que motivaron el Auto se basaron en cómo ciertas sucursales bancarias facilitaron el blanqueo de capitales provenientes de delitos contra la Hacienda Pública o la propiedad industrial e intelectual.

De entre los razonamientos que la resolución hace más destacados, cabe destacar es el hecho de que la entidad no tenía suficientemente separados los órganos de Auditoría Interna y Cumplimiento Normativo, o el que este último órgano no contara con los recursos adecuados ni suficientes para el ejercicio efectivo de sus funciones.

Todo ello es un claro reflejo de lo establecido claramente en nuestro Código Penal (artículo 31 bis 2), cuando se habla de “los poderes autónomos de iniciativa y de control” que han de tener los órganos dedicados al Compliance.

El segundo de los Autos analizados, dictado el 23 de mayo de 2018 por el Juzgado Central de Instrucción número 5, se fundamenta en una cuestión de carácter más procesal, cuestionándose si la propia persona jurídica puede actuar como parte acusadora de la persona física y al mismo tiempo defensa de sí misma como persona jurídica. Finalmente el órgano judicial admitió esta posibilidad bajo los siguientes requisitos:

   -   Reconocimiento de los hechos
   -   Haber sufrido como persona jurídica algún tipo de perjuicio
   -   No enmascarar la pretensión de defenderse mediante la
       acusación a la persona física 

Durante el turno de dudas se plantearon cuestiones sobre quién ha de denunciar, a lo que el ponente contestó que si bien de los Autos no puede sacarse una conclusión tajante, ha de ser el Compliance Officer el denunciante. También en cuanto a la dotación de recursos en materia de cumplimiento, se matizó que ello era extensible a la inversión en herramientas informáticas de reporte.

Finalmente, el ponente quiso hacer referencia a dos Sentencias del Supremo del Magistrado Vicente Magro (28/6/2018 y 18/7/2018) las cuales hacen referencia a la importancia de los programas de cumplimiento para prevenir delitos “ad intra” es decir que perjudiquen a la propia persona jurídica, y que ya analizamos en otra de nuestras noticias.