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Guía para la Evaluación de los Programas de Compliance

Guía para la Evaluación de los Programas de Compliance

La División Penal del Departamento de Justicia de EEUU ha publicado un documento* que pretende ayudar a los Fiscales a tomar decisiones informadas sobre en qué medida, el programa de cumplimiento de una organización es efectivo de cara a posibles sanciones. La estructura del documento se basa en dar respuesta a tres preguntas fundamentales:

1º ¿Está bien diseñado el programa de cumplimiento de la organización?

Para ello, debe analizar la organización en profundidad identificando, evaluando y definiendo su perfil de riesgo. Será decisivo conocer su metodología, recursos, y códigos de conducta así como la forma de comunicar y formar a los empleados en políticas y procedimientos y otras partes interesadas (por ej. proveedores). A todo ello se suma la necesidad de establecer personas clave en el ejercicio y supervisión de los procesos de control de tales políticas.

Otro sello distintivo de un programa de Compliance efectivo consiste en la existencia de un canal de denuncias para que los empleados puedan reportar eventuales indicios de incumplimientos de las normas internas de la compañía. El fiscal deberá evaluar si la gestión de las incidencias incluye medidas para crear un ambiente de trabajo abierto, sin temor a represalias, contando con mecanismos de seguimiento e investigación y recursos adecuados. Así mismo, deberán contar con planes de acción concretos y posibles consecuencias ante los incumplimientos.

La evaluación del riesgo de proveedores/socios/clientes será, del mismo modo, vital para un buen diseño del programa de Compliance, especialmente en procesos de fusión y adquisición a través de las “due diligence” o procesos de diligencia debida.

2º ¿Se está implementado de manera efectiva el programa de cumplimiento?

La trazabilidad de la información y de los procesos de puesta en práctica, será fundamental a la hora de demostrar el valor de un programa de Compliance. Deberá investigarse el grado de compromiso por parte de la alta dirección y de los mandos intermedios. La alta dirección de la compañía deberá encargarse de “dar el tomo desde arriba” articulando los estándares éticos y asegurándose de que éstos se transmitan al resto de la plantilla de manera clara e inequívoca generando cultura de Cumplimiento.

Para un adecuado funcionamiento del sistema de Compliance deberá dotarse de suficientes recursos el departamento encargado de la función, teniendo en cuenta el tamaño, estructura y perfil de riesgo de la compañía, dotandole al mismo tiempo de autonomía para el correcto ejercicio de sus funciones, evitándose con ello posibles conflictos de interés con las áreas supervisadas, y teniendo acceso directo al Comité de Dirección y al Comité de Auditoría.

Por otra parte, tanto la remuneración como las medidas disciplinarias deberán estar alineadas con los objetivos de Compliance.

3º ¿El programa de Cumplimiento funciona en la práctica?

Una característica propia de un programa efectivo es su capacidad de mejora continua y evolución por medio de pruebas periódicas, que identificarán áreas de riesgo y originarán ajustes que impedirán que quede obsoleto.

Cada programa de Cumplimiento es específico para una entidad, como lo es la situación de cada empresa sujeta a análisis, por lo que deberá ser evaluado en el contexto concreto de cada investigación, es decir, no existe ninguna fórmula rígida para determinar su efectividad. Es imprescindible valorar los riesgos de cada empresa y las soluciones para gestionarlos, a través de un análisis personalizado y un posterior juicio experto, a la luz de la información recopilada.

*https://www.justice.gov/criminal-fraud/

Digital Enterprise Show

RegTech Solutions, presente en Digital Enterprise Show 2019

Una nueva edición de Digital Enterprise Show tuvo lugar en Madrid entre el 21 y 23 de mayo; DES es el mayor evento en cuanto a transformación digital se refiere y congrega a más de 300 personas, 450 expertos digitales y 26.000 visitantes. Una oportunidad de analizar el impacto de la tecnología y su papel en la transformación de las empresas.

María Dolores Pescador, CEO & Co-Founder de RegTech Solutions estuvo presente en la presentación de Insurtechs organizada por EY y su intervención estuvo basada en los objetivos de la empresa: Regulación + Tecnologia (regtech) para hacer más eficiente y efectivo el GRC (Compliance, Riesgos y Auditoria Interna).

Como destacó María Dolores en su intervención, las soluciones Regtech ofrecen a las empresas la posibilidad de reducir costes y esfuerzos, así como obtener información muy precisa a corto plazo para controlar el todos los riesgos y mejorar el gobierno corporativo.

Es por ello que desde RegTech Solutions consideramos imprescindible situar estas soluciones en los objetivos estratégicos de las empresas, de cara a reforzar el proceso de transformación digital y de cumplimiento.

Inversión Responsable como criterio de gestión

Inversión Responsable como criterio de gestión

En los últimos años, los inversores han puesto el foco no sólo en la rentabilidad alcanzada por sus inversiones, sino también en “el cómo” se obtienen los rendimientos.

La normativa más reciente está empezando a recoger esta tendencia, como lo prueba la Ley 11/2018 de fecha 29 de diciembre de 2018 en materia de información no financiera y diversidad* que incorpora al Derecho español la Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, y en la que se recoge, según su Preámbulo, la intención de ampliar el ámbito de la información pública de las empresas, que hasta ahora era únicamente financiera, “con el objetivo de identificar riesgos para mejorar la sostenibilidad y aumentar la confianza de los inversores, los consumidores y la sociedad en general”.

Con tal objetivo, se pretende incrementar el contenido de los informes anuales de gobierno corporativo, aparecen nuevas políticas y estados de información no financiera que harán referencia al impacto de la actividad empresarial respecto a cuestiones medioambientales y sociales, como las relativas al respeto de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y el soborno, la igualdad de género o cuestiones de no discriminación e inclusión de personas con discapacidad. Estos estados de información no financiera no deberán ser una mera declaración de intenciones, sino que habrán de añadir toda una metodología para la implantación de tales políticas y sus controles asociados, incluyéndose incluso indicadores de riesgo.

En esta misma línea, merece la pena remitirse a los Principios de Inversión Responsable (PRI) o ESG (Environmental, Social and Governance)**establecidos por la Organización Naciones Unidas, que tratan de fijar criterios para la creación de inversiones socialmente responsables, con el fin de beneficiar a todos aquellos relacionados con la organización y también al entorno social y medioambiental en el que se desarrolla la organización a corto, medio y largo plazo. Así, estos principios, que ya datan del año 2016, pretenden alinear los objetivos de inversión con cuestiones como la responsabilidad medioambiental, social o de gobierno corporativo.

A nivel europeo en marzo de 2018 la Comisión Europea hizo público su Plan de Acción sobre Finanzas Sostenibles***, basadas principalmente en crear una serie de criterios uniformes de sostenibilidad, teniendo en cuenta para ello factores relacionados con la gobernanza, la adecuada gestión de riesgos y la creación de métricas y objetivos.

Asimismo, se encuentra en marcha una propuesta europea de Reglamento sobre divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles y una nueva iniciativa de modificación de la regulación financiera MiFID II, cuyo objeto será aportar información relacionada con factores ESG tanto en la información precontractual (por ejemplo, en los llamados test de idoneidad producto-cliente) y postcontractual que se facilite al inversor.

*https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-17989

**https://www.unpri.org/download?ac=1538

*** http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1404_es.pdf

TWIN PEAKS revoluciona la supervisión

Twin Peaks llega para revolucionar la Supervisión en el Sector Financiero

Si bien lo tradicional en los sistemas de supervisión nacionales ha sido la separación entre banca, seguros y mercados, el Banco de España ha anunciado su intención de ceder parte de sus competencias a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Para ello, se prevé el lanzamiento de un futuro libro blanco por parte del Congreso de los Diputados que recogerá tal intencionalidad, cuyo origen se remonta al año 2008.

Este nuevo sistema de supervisión económico-financiera vendría a sustituir el sistema sectorial existente en nuestro país para adoptar el enfoque implantado en la mayoría de los países europeos, comúnmente conocido como “twin peaks” y que se focaliza en dos tipos de funciones de supervisión:

A) La vigilancia de la solvencia económica del sistema financiero y su supervisión macroprudencial.

B) Las prácticas del mercado y el riesgo de conducta en la comercialización de productos financieros y de seguros.

Siguiendo el modelo de la Financial Conduct Authority, supondría que una parte de las funciones realizadas en la actualidad por el Banco de España pasarán a realizarse por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que se encargaría de vigilar el cumplimiento de las normas de conducta en la comercialización de los productos financieros, bancarios y de seguros, logrando al mismo tiempo una mayor convergencia supervisora y una reducción del arbitraje regulatorio que podría existir entre productos similares sujetos a distintos estándares de supervisión.

En consecuencia, el Banco de España asumiría el control de la solvencia no solo de los bancos y entidades de crédito, sino también de las empresas de servicios de inversión, gestoras de fondos de inversión, así como las compañías de seguros y los fondos de pensiones, quedando pendiente de definir el destino de la actual Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, que en este escenario se integraría en el Banco de España. No obstante, por parte del sector asegurador se sigue defendiendo la propuesta de transformarlo en un organismo independiente, y que, al igual que se pretende hacer con el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, deje de ser un organismo adscrito al Ministerio de Economía.