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La reparación colectiva del consumidor a nivel transfronterizo en la Unión Europea

La Comisión Europea, con la finalidad de agilizar los trámites judiciales en materia de protección de consumidores y usuarios, ha decidido modificar las Directivas Europeas, incluyendo entre uno sus principales objetivos el de gestionar la reclamación transfronteriza a través de asociaciones de consumidores.

Según la exposición de motivos de la propuesta (DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO) , el riesgo de que los intereses colectivos de los consumidores se vean afectados se ha incrementado debido a la globalización y la digitalización de la economía. La Directiva 2009/22/CE, permite a las entidades habilitadas interponer acciones de representación destinadas principalmente a poner fin y prohibir infracciones del Derecho de la Unión perjudiciales para los intereses colectivos de los consumidores, pero no ha resultado ser suficientemente ágil.

Para poder interponer este tipo de acciones, las entidades deberán estar debidamente constituidas de conformidad con la legislación de un Estado miembro, tener un interés legítimo en garantizar que se cumplan las disposiciones del Derecho de la Unión, y no tener ánimo de lucro.

Las entidades habilitadas podrán conseguir el cese o la prohibición de una infracción y la confirmación de que se ha producido, así como tratar de obtener una reparación del daño, indemnizaciones, arreglos o reducciones del precio. Los Estados Miembros deberán comunicar a la Comisión una lista de las entidades habilitadas previamente designadas.

Este tipo de entidades están habilitadas para ejercer acciones transfronterizas de manera que cualquier entidad habilitada designada previamente en un Estado miembro, podrá acudir a los órganos jurisdiccionales o a las autoridades administrativas de otro. 

Las acciones colectivas, ya estaban instauradas en algunos países de nuestro entorno, como Irlanda, Portugal o Reino Unido, mientras que en nuestro país, la posibilidad de que los consumidores ejerciten acciones colectivas, se recoge en nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil, artículo 11, el cual establece que “sin perjuicio de la legitimación individual de los perjudicados, las asociaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas estarán legitimadas para defender en juicio los derechos e intereses de sus asociados y los de la asociación, así como los intereses generales de los consumidores y usuarios.”

A nivel internacional, este tipo de medidas han tenido un efecto muy relevante, tras determinadas malas prácticas en el sector financiero, siendo destacables los casos de Brasil o Estados Unidos. En Brasil, el impacto de las “class actions” fue muy elevado: según datos del Consejo Nacional de Justicia implicaron una totalidad de  52.355 acciones colectivas ante los tribunales brasileños entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de enero de 2017 Relatório Analítico Propositivo Justiça Pesquisa (PDF))

Ley de Crédito Inmobiliario

Normas de conducta y el nuevo Proyecto de Ley de Crédito Inmobiliario

En RegTech Solutions creemos que es importante analizar el espíritu del regulador en materias tan relevantes como es la protección de los consumidores y, en este sentido, presentamos a continuación el paralelismo del Proyecto de Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario con MiFID II y su normativa de transposición:

1º. El establecimiento de requisitos de conocimientos y competencia: el personal al servicio del prestatario que comercialice el crédito inmobiliario, al igual que sucede con el de las empresas de servicios de inversión, deberá contar con los conocimientos y competencias necesarios y actualizados sobre los productos que comercialice.

2º. En relación con las ventas combinadas, existe el deber de informar de las diferencias entre la oferta combinada y la oferta de los productos por separado.

3º. La relación entre las remuneraciones e incentivos del personal y la obligación de crear políticas para el tratamiento de los conflictos de interés. Así, el Proyecto de Ley de Crédito Inmobiliario hace referencia a incorporar medidas escritas y procedimientos para evitar los conflictos de interés, en particular estableciendo que la remuneración no dependa de la cantidad o de la proporción de solicitudes aceptadas”

4º. En materia de transparencia contractual, se establece la obligación de actuar en el mejor interés del cliente o en el caso del Proyecto de Ley comentado, del prestamista. De esta manera, al igual que sucede en la normativa MIFID II y su desarrollo, que imponen la obligación de informar sobre la existencia de asesoramiento independiente o no, el prestamista “debe informar previa y expresamente al prestatario y por escrito, en sentido positivo o negativo, si se están prestando o pueden prestarse al prestatario servicios de asesoramiento con respecto a una determinada operación.”

5º. La adecuación entre el cliente y el producto en la comercialización también se aborda en la regulación del crédito inmobiliario como sucede con MiFID II. En particular, el Proyecto de Ley establece la obligación de recabar información acerca de la situación personal y financiera del prestatario, necesidades y circunstancias, preferencias y objetivos, de modo que puedan recomendar contratos de préstamo adecuados.

Finalmente, cabe destacar,un requerimiento específico de esta normativa, que para solucionar la problemática de las “cláusulas suelo” incluye como novedad que en las operaciones con tipo de interés variable no se pueda fijar un límite a la baja del tipo de interés así como que éste no pueda ser negativo.

Puede acceder al Proyecto de Ley pinchando en el siguiente enlace:

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Innovation hubs y regulatory sandboxes

Las Autoridades Europeas de Supervisión analizan los impactos de la innovación: innovation hubs y regulatory sandboxes

Con el objetivo de dar cumplimiento al Plan de Acción Fintech de marzo de 2018 de la Comisión Europea, las ESAs (Autoridades Europeas de Supervisión) han publicado recientemente un informe conjunto que analiza el desarrollo y ventajas de los llamados “innovation facilitators”, iniciativas de los organismos oficiales para potenciar la innovación, y que por el momento, se han centrado en la creación de  “innovation hubs” o de “regulatory sandboxes”.

En relación a los “innovation hubs” (plataformas de innovación), constituyen plataformas muy útiles, a través de las cuáles se establece un punto de contacto entre las organizaciones (reguladas o no), startups, proveedores de soluciones tecnológicas (como las regtechs) y autoridades de supervisión. Las primeras “innovation hubs” fueron creadas en el año 2014, si bien no han empezado a ponerse en funcionamiento hasta los años 2016 o 2017.

A través de este tipo de plataformas, las autoridades de supervisión resuelven las cuestiones que se les plantean generando guías no vinculantes en relación a nuevos productos financieros, modelos de negocio y sus requerimientos regulatorios, persiguiendo como objetivos, promover la estabilidad financiera o incrementar la protección de los consumidores. La autoridad competente puede llevar a cabo incluso un seguimiento de las medidas implementadas tras plantearse la cuestión oportuna, apoyando a la organización en el desarrollo de nuevos modelos de negocio.

Los “regulatory sandboxes” por su parte, son entornos de prueba desarrollados por una autoridad de supervisión en los que las organizaciones pueden testear el funcionamiento de nuevos productos, servicios o modelos de negocio relacionados con el mundo financiero o para facilitar la labor de los departamentos de Compliance, como las regtechs, y en donde las autoridades pueden reducir proporcionalmente su grado de aplicación de los requerimientos normativos, sin que ello suponga en ningún caso generar un espacio de incumplimiento. Así, no se permite por ejemplo, la prestación de servicios financieros regulados sin autorización, y la fase de test se realiza garantizándose al cliente la máxima transparencia y un plan de acción para mitigar cualquier riesgo que pueda materializarse.

Estos entornos de prueba, pasan por una fase inicial de verificación de requisitos (para el caso de las regtechs, por ejemplo, tener una relación de “partnership” con una u varias instituciones dispuestas a realizar el test); una segunda fase de preparación, en la cual se fijan los parámetros del test, las autorizaciones, restricciones y limitaciones pertinentes; la tercera fase de testing propiamente dicha, que es monitoreada de forma permanente por la autoridad de supervisión; y una fase final de evaluación.

Si bien la mayoría de los Estados Miembros cuentan con sus propios “innovation hubs”, tan sólo un número reducido de países han creado “regulatory sandboxes”, en total cinco: Dinamarca, Lituania, Países Bajos , Reino Unido, y Polonia muy recientemente. Noruega, Austria y Hungría ya están preparándose para su uso y en España se ha aprobado un borrador de Ley sobre Medidas para la Transformación Digital del Sistema Financiero, que incluye la creación de estos “regulatory sandboxes”.

Las ventajas de estas iniciativas, pasan por tanto por promover la consistencia en el diseño de nuevos productos, procesos o tecnologías aplicables al mundo financiero, y por facilitar la cooperación de las organizaciones con las autoridades de supervisión, y entre éstas, fijando bases de datos y de información comunes, lo que mejorará la transparencia del sistema financiero, e incrementará la calidad de la supervisión, que será más preventiva, mejorando el cumplimiento normativo.

Puede acceder al informe en el siguiente enlace: https://eba.europa.eu

AMCESFI

Creación de la autoridad macroprudencial consejo de estabilidad financiera (AMCESFI)

El pasado 14 de diciembre fue aprobada por el Gobierno la creación de un órgano conjunto de supervisión o autoridad macroprudencial constituida por miembros del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y del Ministerio de Economía, con el objetivo de identificar y analizar los riesgos, emitir alertas y advertencias en caso necesario, e incluso recomendar a los supervisores la activación de alguna de las herramientas a su alcance.

La creación de esta autoridad macroprudencial fue recomendada en el año 2011, y está presente en todas las naciones europeas salvo Italia y España, donde empezará a operar tras esta reforma legislativa a partir del año 2019.

Tal como hemos observado en otros países, se trata de un paso decisivo en materia de convergencia supervisora, que a su vez va a fortalecer la actuación inspectora. Y en ese sentido, se espera que en los próximos meses ponga foco en el riesgo de conducta, al haber sido identificado como uno de los riesgos operacionales más destacado y cuyo carácter sistémico contribuyó de manera decisiva a la crisis financiera anterior.