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  • La CE plantea sanciones por los retrasos en la transposición de MIFID II

    TRANSPOSICIÓN MIFID II

    Tras la reciente crisis en el mercado financiero, desde la Unión Europea los organismos supervisores se plantearon tomar medidas a través del inicio de una nueva fase regulatoria. De esta manera, se pretendió, entre otras cuestiones, acabar con los conflictos de interés y dar una mayor protección a los inversores, estableciendo una serie de parámetros que garantizaran la adecuación entre el cliente y el producto adquirido o limitaran el uso de comisiones en la prestación de ciertos tipos de asesoramiento financiero. Todo ello, con el objetivo de que el asesoramiento financiero gozará de una mayor independencia.

    No obstante, pese a que ya ha transcurrido el año de prórroga para la trasposición de la Directiva 2014/65/UE, más comúnmente conocida como MIFID II, 19 de los países europeos aún no han procedido a su transposición total dentro del ámbito de su regulación. Concretamente, España ya aprobó el pasado mes de diciembre un Real Decreto Ley de medidas urgentes que, sin embargo, tan solo ha supuesto una transposición parcial de la citada regulación europea.

    A pesar de que desde Europa se ha dado una última oportunidad a los países miembros que aún tienen pendiente el desarrollo amplio y concreto de MIFID II, dentro de la normativa nacional, las consecuencias de la no trasposición de esta Directiva pueden ser graves para el país, pues el incumplimiento de un desarrollo regulatorio puede llegar a ocasionar la intervención del Tribunal de Justicia Europeo, con las consecuencias sancionatorias que ello conlleva.

    A finales de enero, la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción a España, ofreciendo dos meses más de margen para la transposición de la nueva ley. No obstante, al finalizar el plazo y no cumplir que la citada regulación haya visto la luz, la Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia Europeo.

  • WHISTLEBLOWING: Propuesta de directiva para protección de los denunciantes

    WHISTLEBLOWING

    Los canales de denuncia se han convertido en valiosos aliados de los supervisores a la hora de sacar a a la luz las conductas impropias en materia de corrupción, blanqueo o fraude interno.

    No obstante, según el Eurobarómetro 2017, un  81 % de los europeos no informaron sobre casos de corrupción que sufrieron o presenciaron y el 85 % cree que los trabajadores muy raramente o raramente denuncias potenciales de infracciones. Adicionalmente se estima que  la pérdida de beneficios potenciales debido a la falta de protección de los denunciantes, sólo en el ámbito de la contratación pública, supera los 5.800 millones de euros anuales en toda la Unión Europea.

    Por esta razón la Comisión Europea ha publicado una propuesta de Directiva* con la finalidad de evitar el temor a las represalias directas e indirectas y para proteger a los denunciantes.

    Esta nueva Directiva afectará a comunicaciones de infracciones relacionadas con contratación pública y privada de un amplísimo ámbito de aplicación.

    En nuestra opinión, uno de los puntos que mayores repercusiones va a generar esta nueva Directiva será el hecho de  que incluye la obligación de fijar canales de denuncia internos para todas las  entidades jurídicas del sector privado con 50 o más empleados, un volumen de negocios superior a los 10 millones de euros  y en cualquier caso, todas aquellas dedicadas a servicios financieros o con vulnerabilidad a las conductas relacionadas con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

    Estos canales de denuncia internos deberán ser confidenciales (si bien tras la entrada en vigor del último Reglamento de Protección de datos ya no será obligatorio el anonimato) y deberán fijarse a través de procedimientos en los cuales  se contenga la designación de la persona o del servicio competente para tramitar las denuncias con la prohibición expresa de cualquier represalia directa o indirecta. La gestión de los canales de denuncia podrá darse por personal interno de la empresa o de manera externalizada, como ya se empieza a realizar en aquellas empresas comprometidas con la transparencia y la aplicación de las mejores prácticas en materia de gobierno corporativo.

    * Directiva Comisión Europea Documento PDF