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  • Creación de la autoridad macroprudencial consejo de estabilidad financiera (AMCESFI)

    AMCESFI

    El pasado 14 de diciembre fue aprobada por el Gobierno la creación de un órgano conjunto de supervisión o autoridad macroprudencial constituida por miembros del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y del Ministerio de Economía, con el objetivo de identificar y analizar los riesgos, emitir alertas y advertencias en caso necesario, e incluso recomendar a los supervisores la activación de alguna de las herramientas a su alcance.

    La creación de esta autoridad macroprudencial fue recomendada en el año 2011, y está presente en todas las naciones europeas salvo Italia y España, donde empezará a operar tras esta reforma legislativa a partir del año 2019.

    Tal como hemos observado en otros países, se trata de un paso decisivo en materia de convergencia supervisora, que a su vez va a fortalecer la actuación inspectora. Y en ese sentido, se espera que en los próximos meses ponga foco en el riesgo de conducta, al haber sido identificado como uno de los riesgos operacionales más destacado y cuyo carácter sistémico contribuyó de manera decisiva a la crisis financiera anterior.

  • La CE plantea sanciones por los retrasos en la transposición de MIFID II

    TRANSPOSICIÓN MIFID II

    Tras la reciente crisis en el mercado financiero, desde la Unión Europea los organismos supervisores se plantearon tomar medidas a través del inicio de una nueva fase regulatoria. De esta manera, se pretendió, entre otras cuestiones, acabar con los conflictos de interés y dar una mayor protección a los inversores, estableciendo una serie de parámetros que garantizaran la adecuación entre el cliente y el producto adquirido o limitaran el uso de comisiones en la prestación de ciertos tipos de asesoramiento financiero. Todo ello, con el objetivo de que el asesoramiento financiero gozará de una mayor independencia.

    No obstante, pese a que ya ha transcurrido el año de prórroga para la trasposición de la Directiva 2014/65/UE, más comúnmente conocida como MIFID II, 19 de los países europeos aún no han procedido a su transposición total dentro del ámbito de su regulación. Concretamente, España ya aprobó el pasado mes de diciembre un Real Decreto Ley de medidas urgentes que, sin embargo, tan solo ha supuesto una transposición parcial de la citada regulación europea.

    A pesar de que desde Europa se ha dado una última oportunidad a los países miembros que aún tienen pendiente el desarrollo amplio y concreto de MIFID II, dentro de la normativa nacional, las consecuencias de la no trasposición de esta Directiva pueden ser graves para el país, pues el incumplimiento de un desarrollo regulatorio puede llegar a ocasionar la intervención del Tribunal de Justicia Europeo, con las consecuencias sancionatorias que ello conlleva.

    A finales de enero, la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción a España, ofreciendo dos meses más de margen para la transposición de la nueva ley. No obstante, al finalizar el plazo y no cumplir que la citada regulación haya visto la luz, la Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia Europeo.

  • La Nueva Normativa de Protección en el Uso de los Canales de Denuncias

    Normativa de Denuncias

    Los canales de denuncia o canales de “whistleblowing” (“hacer sonar el silbato”) suponen una vía para comunicar infracciones cada vez más extendida en las personas jurídicas, de la que cualquier miembro de la organización puede hacer uso. Como es lógico, conseguir este tipo de denuncias no siempre será fácil, por cierto temor a posibles represalias. Según datos publicados en la web de la Comisión Europea, provenientes de la Encuesta Global de Ética Empresarial 2016, un 36% de los “whistleblowers” sufrieron algún tipo de represalia.

    Recurrir al canal de denuncias para tales supuestos siempre requerirá adicionalmente una elevada cultura de cumplimiento ya instaurada dentro de la organización.

    La propia Comisión Europea, ante la disparidad normativa de los Estados miembros en la regulación de la protección de este tipo de denunciantes, ha propuesto la creación de una nueva norma unificadora de criterios.

    Dentro de la misma, se incluye la confidencialidad de la denuncia, la accesibilidad a los canales para su comunicación y la penalización de cualquier represalia contra los denunciantes como pueda ser el acoso laboral o el despido. Esta nueva normativa establece incluso la obligación de  que  todas las empresas con más de 50 empleados o con una facturación anual de más de 10 millones de euros desarrollen e implanten un procedimiento interno de gestión de denuncias, que garanticen la confidencialidad del denunciante y fijen tres niveles de información (interna, a las autoridades o de medios).

    En caso de represalia, la carga de la prueba se revierte de manera que se presupondrá que ha habido represalia contra el denunciante, salvo que se demuestre lo contrario por la parte contraria a éste.

    Puede acceder a más información en el presente enlace de la Comisión Europea

    Los propios organismos supervisores nacionales, también han señalado en alguna ocasión la importancia de estas vías de comunicación. Ejemplo de ello es la nota de prensa publicada a principios de este año por la CNMV, donde se anunciaba la apertura de su propio canal de denuncias, para poder denunciar posibles infracciones de normativas como el Reglamento de Abuso de Mercado 596/2014 (y su desarrollo) y MiFID II. Puede visitar este canal de denuncias en el siguiente enlace

  • Nueva reforma en los organismos supervisores del sistema financiero

    Congreso de los Diputados

    Durante su comparecencia en el Congreso, el Ministro de Economía, Industria y Competitividad, ya ha anunciado su intención de reformar la estructura de los principales organismos de supervisión que afectan a nuestro sistema financiero, a través de un nuevo Proyecto de Ley.