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  • Entrevista a María Dolores Pescador en El Economista

    Entrevista a María Dolores Pescador de RegTech en El Economista

    El pasado martes 24 de septiembre, el diario El Economista publicó una entrevista con María Dolores Pescador, CEO & Co-Founder de RegTech Solutions en la que realiza un recorrido por el año y medio de andadura de la empresa y habla de los cambios normativos que se esperan en un futuro.

    Consulta las declaraciones de María Dolores en El Economista aquí.

  • Guía para la Evaluación de los Programas de Compliance

    Guía para la Evaluación de los Programas de Compliance

    La División Penal del Departamento de Justicia de EEUU ha publicado un documento* que pretende ayudar a los Fiscales a tomar decisiones informadas sobre en qué medida, el programa de cumplimiento de una organización es efectivo de cara a posibles sanciones. La estructura del documento se basa en dar respuesta a tres preguntas fundamentales:

    1º ¿Está bien diseñado el programa de cumplimiento de la organización?

    Para ello, debe analizar la organización en profundidad identificando, evaluando y definiendo su perfil de riesgo. Será decisivo conocer su metodología, recursos, y códigos de conducta así como la forma de comunicar y formar a los empleados en políticas y procedimientos y otras partes interesadas (por ej. proveedores). A todo ello se suma la necesidad de establecer personas clave en el ejercicio y supervisión de los procesos de control de tales políticas.

    Otro sello distintivo de un programa de Compliance efectivo consiste en la existencia de un canal de denuncias para que los empleados puedan reportar eventuales indicios de incumplimientos de las normas internas de la compañía. El fiscal deberá evaluar si la gestión de las incidencias incluye medidas para crear un ambiente de trabajo abierto, sin temor a represalias, contando con mecanismos de seguimiento e investigación y recursos adecuados. Así mismo, deberán contar con planes de acción concretos y posibles consecuencias ante los incumplimientos.

    La evaluación del riesgo de proveedores/socios/clientes será, del mismo modo, vital para un buen diseño del programa de Compliance, especialmente en procesos de fusión y adquisición a través de las “due diligence” o procesos de diligencia debida.

    2º ¿Se está implementado de manera efectiva el programa de cumplimiento?

    La trazabilidad de la información y de los procesos de puesta en práctica, será fundamental a la hora de demostrar el valor de un programa de Compliance. Deberá investigarse el grado de compromiso por parte de la alta dirección y de los mandos intermedios. La alta dirección de la compañía deberá encargarse de “dar el tomo desde arriba” articulando los estándares éticos y asegurándose de que éstos se transmitan al resto de la plantilla de manera clara e inequívoca generando cultura de Cumplimiento.

    Para un adecuado funcionamiento del sistema de Compliance deberá dotarse de suficientes recursos el departamento encargado de la función, teniendo en cuenta el tamaño, estructura y perfil de riesgo de la compañía, dotandole al mismo tiempo de autonomía para el correcto ejercicio de sus funciones, evitándose con ello posibles conflictos de interés con las áreas supervisadas, y teniendo acceso directo al Comité de Dirección y al Comité de Auditoría.

    Por otra parte, tanto la remuneración como las medidas disciplinarias deberán estar alineadas con los objetivos de Compliance.

    3º ¿El programa de Cumplimiento funciona en la práctica?

    Una característica propia de un programa efectivo es su capacidad de mejora continua y evolución por medio de pruebas periódicas, que identificarán áreas de riesgo y originarán ajustes que impedirán que quede obsoleto.

    Cada programa de Cumplimiento es específico para una entidad, como lo es la situación de cada empresa sujeta a análisis, por lo que deberá ser evaluado en el contexto concreto de cada investigación, es decir, no existe ninguna fórmula rígida para determinar su efectividad. Es imprescindible valorar los riesgos de cada empresa y las soluciones para gestionarlos, a través de un análisis personalizado y un posterior juicio experto, a la luz de la información recopilada.

    *https://www.justice.gov/criminal-fraud/

  • Información no financiera y diversidad

    Información no financiera y diversidad

    El pasado 31 de octubre fue publicado en el BOE el Proyecto de Ley por el cual se modificará el Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad, como forma de transposición de la Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2014.

    Esta nueva normativa pretende, identificar riesgos y mejorar la sostenibilidad de las compañías al tiempo que tratará de incrementar la confianza de los inversores, introducir nuevos criterios más allá de los estados financieros, que incluyan materias tales como políticas de diversidad e igualdad, medidas de protección del personal, seguridad y salud en el trabajo, derechos humanos, políticas medioambientales o contra la corrupción o el soborno, es decir contenidos de puro Compliance.

    Las empresas, podrán apoyarse en criterios como el Sistema de Gestión y Auditoría Medioambientales (EMAS) o en otros de carácter internacional de Naciones Unidas como el Pacto Mundial, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París sobre cambio climático o  los Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos.

    Esta normativa será de aplicación a las sociedades que formulen cuentas consolidadas con número medio de 500 trabajadores y que, o bien tengan la consideración de entidades de interés público, o bien cumplan durante dos ejercicios consecutivos dos de las circunstancias siguientes:

         - Activos consolidados superiores a los 20 millones de euros.
         - Cifra anual de negocio que supere los 40 millones de euros.
         - Número medio de empleados durante el ejercicio superior
           a 250.

    Los administradores de sociedad estarán obligados a presentar este informe sobre información no financiera en el mismo plazo que las cuentas anuales, es decir, hasta tres meses después del cierre del ejercicio social que corresponda.

    Y un elemento importante a destacar es que se añade la regulación de los canales de denuncias, como medio  para que los empleados comuniquen las posibles infracciones internas, especificando que se deberá garantizar la protección tanto de denunciantes, frente a posibles represalias o discriminaciones, como la de los denunciados, garantizándose la confidencialidad de las comunicaciones.

  • Inversión Responsable como criterio de gestión

    Inversión Responsable como criterio de gestión

    En los últimos años, los inversores han puesto el foco no sólo en la rentabilidad alcanzada por sus inversiones, sino también en “el cómo” se obtienen los rendimientos.

    La normativa más reciente está empezando a recoger esta tendencia, como lo prueba la Ley 11/2018 de fecha 29 de diciembre de 2018 en materia de información no financiera y diversidad* que incorpora al Derecho español la Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, y en la que se recoge, según su Preámbulo, la intención de ampliar el ámbito de la información pública de las empresas, que hasta ahora era únicamente financiera, “con el objetivo de identificar riesgos para mejorar la sostenibilidad y aumentar la confianza de los inversores, los consumidores y la sociedad en general”.

    Con tal objetivo, se pretende incrementar el contenido de los informes anuales de gobierno corporativo, aparecen nuevas políticas y estados de información no financiera que harán referencia al impacto de la actividad empresarial respecto a cuestiones medioambientales y sociales, como las relativas al respeto de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y el soborno, la igualdad de género o cuestiones de no discriminación e inclusión de personas con discapacidad. Estos estados de información no financiera no deberán ser una mera declaración de intenciones, sino que habrán de añadir toda una metodología para la implantación de tales políticas y sus controles asociados, incluyéndose incluso indicadores de riesgo.

    En esta misma línea, merece la pena remitirse a los Principios de Inversión Responsable (PRI) o ESG (Environmental, Social and Governance)**establecidos por la Organización Naciones Unidas, que tratan de fijar criterios para la creación de inversiones socialmente responsables, con el fin de beneficiar a todos aquellos relacionados con la organización y también al entorno social y medioambiental en el que se desarrolla la organización a corto, medio y largo plazo. Así, estos principios, que ya datan del año 2016, pretenden alinear los objetivos de inversión con cuestiones como la responsabilidad medioambiental, social o de gobierno corporativo.

    A nivel europeo en marzo de 2018 la Comisión Europea hizo público su Plan de Acción sobre Finanzas Sostenibles***, basadas principalmente en crear una serie de criterios uniformes de sostenibilidad, teniendo en cuenta para ello factores relacionados con la gobernanza, la adecuada gestión de riesgos y la creación de métricas y objetivos.

    Asimismo, se encuentra en marcha una propuesta europea de Reglamento sobre divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles y una nueva iniciativa de modificación de la regulación financiera MiFID II, cuyo objeto será aportar información relacionada con factores ESG tanto en la información precontractual (por ejemplo, en los llamados test de idoneidad producto-cliente) y postcontractual que se facilite al inversor.

    *https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-17989

    **https://www.unpri.org/download?ac=1538

    *** http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1404_es.pdf

  • La CE plantea sanciones por los retrasos en la transposición de MIFID II

    TRANSPOSICIÓN MIFID II

    Tras la reciente crisis en el mercado financiero, desde la Unión Europea los organismos supervisores se plantearon tomar medidas a través del inicio de una nueva fase regulatoria. De esta manera, se pretendió, entre otras cuestiones, acabar con los conflictos de interés y dar una mayor protección a los inversores, estableciendo una serie de parámetros que garantizaran la adecuación entre el cliente y el producto adquirido o limitaran el uso de comisiones en la prestación de ciertos tipos de asesoramiento financiero. Todo ello, con el objetivo de que el asesoramiento financiero gozará de una mayor independencia.

    No obstante, pese a que ya ha transcurrido el año de prórroga para la trasposición de la Directiva 2014/65/UE, más comúnmente conocida como MIFID II, 19 de los países europeos aún no han procedido a su transposición total dentro del ámbito de su regulación. Concretamente, España ya aprobó el pasado mes de diciembre un Real Decreto Ley de medidas urgentes que, sin embargo, tan solo ha supuesto una transposición parcial de la citada regulación europea.

    A pesar de que desde Europa se ha dado una última oportunidad a los países miembros que aún tienen pendiente el desarrollo amplio y concreto de MIFID II, dentro de la normativa nacional, las consecuencias de la no trasposición de esta Directiva pueden ser graves para el país, pues el incumplimiento de un desarrollo regulatorio puede llegar a ocasionar la intervención del Tribunal de Justicia Europeo, con las consecuencias sancionatorias que ello conlleva.

    A finales de enero, la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción a España, ofreciendo dos meses más de margen para la transposición de la nueva ley. No obstante, al finalizar el plazo y no cumplir que la citada regulación haya visto la luz, la Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia Europeo.

  • La importancia de aunar el Código Ético de tu empresa con la legislación laboral

    Código Ético

    La importancia de aunar el Código Ético de tu empresa con la legislación laboral

  • La Importancia de los Indicadores en los Programas de Compliance

     Indicadores en los Programas de Compliance

    Uno de los requisitos establecidos por nuestro Código Penal en su artículo 31 bis. 5. 6º para que cualquier programa de prevención penal pueda actuar como eximente de responsabilidad penal en la persona jurídica, es el hecho de que éste se encuentre debidamente actualizado y adaptado a los cambios en la organización.

    Este precepto dispone que los modelos de organización y gestión relacionados con los programas de prevención penal “realizarán una verificación periódica del modelo y de su eventual modificación cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los hagan necesarios.”

    Esta actualización y verificación continua no sólo es importante en el ámbito penal. Para la realización de cualquier actividad es de vital importancia valorar y hacer un seguimiento de la implantación de Programa de Compliance en la organización de que se trate. Para ello, se utilizan diferentes indicadores, con la finalidad de valorar si el programa implantado va acorde con la consecución de los objetivos perseguidos.

    Siguiendo la clasificación establecida en la ISO 19600 sobre Sistemas de Gestión de Compliance podemos hablar de los siguientes tipos de indicadores:

    - Indicadores de actividad

    Son aquellos que arrojan datos sobre el ejercicio de una determinada actividad, pero no permiten valorar si el proceso empleado es el adecuado ni en cómo contribuyen tales actividades a lograr un determinado objetivo de cumplimiento.

    Algunos ejemplos aportados por la mencionada ISO son la medición del porcentaje de empleados a los que se haya impartido formación o la frecuencia de los contactos con los reguladores.

    Adicionalmente hay quien habla de los llamados indicadores de efectividad en una clasificación adicional. Estos indicadores miden el nivel de ejecución de un determinado proceso y se concentran en evaluar el rendimiento de los recursos utilizados. Es muy adecuada su interacción con los indicadores de actividad, ya que nos darán una idea sobre si nuestras actividades van encaminadas a la obtención de las metas fijadas.

    - Indicadores reactivos

    La ISO 19600 al tratar sobre estos indicadores, habla de mediciones tales como las diversas formas de identificación de incumplimientos; la medición de los diversos impactos producidos por éstos en el ámbito económico o/y reputacional; o la cantidad de tiempo empleado en realizar reportes de incidentes desde la producción de los mismos o en elaborar planes de acción y acciones correctivas.

    - Indicadores predictivos

    Son indicadores predictivos según la ISO 19600, los diversos métodos de medición de riesgos de incumplimiento, o la medición de las tasas de incumplimientos pasadas con el objetivo de predecir eventos futuros.

    Tales indicadores pueden basarse en información tanto de carácter interna (como el volumen de consultas sobre ciertas políticas concretas en la intranet) como externa (observación de organizaciones similares y su comportamiento a nivel de cumplimiento).

    La capacidad del órgano de Compliance de una organización para detectar y anticiparse a futuros eventos es un elemento esencial a la hora de contribuir de manera decisiva a la sostenibilidad de la empresa.

  • La importancia del Plan de Prevención Penal en la contratación con el Sector Público

    Contrato con el Sector Público

    Los planes de prevención penal pueden ser un buen aliado para todas aquellas organizaciones que mantengan contratos con la Administración Pública o que deseen iniciarlos.

    La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, establece como restricción para las personas jurídicas, que éstas contraten con el sector público cuando hayan sido objeto de condena por ciertos tipos delictivos.

    El artículo 71.1 de la citada ley establece tal restricción cuando exista condena  mediante sentencia firme por los delitos de terrorismo, constitución o integración de una organización o grupo criminal, asociación ilícita, financiación ilegal de los partidos políticos, trata de seres humanos, corrupción en los negocios, tráfico de influencias, cohecho, fraudes, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, prevaricación, malversación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, blanqueo de capitales, delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente.

    Los planes de prevención penal, en este ámbito cobran una especial relevancia como forma de poder evitar la aplicación de la citada restricción para contratar con la administración pública, en la medida en la que se exige una sentencia condenatoria firme que puede evitarse, tal y como establece nuestro Código Penal tras su reforma del año 2015, mediante el establecimiento de un plan de prevención penal que actúe como eximente o atenuante en la responsabilidad de la persona jurídica.

    Puede consultar la citada normativa pinchando aquí

  • La Nueva Normativa de Protección en el Uso de los Canales de Denuncias

    Normativa de Denuncias

    Los canales de denuncia o canales de “whistleblowing” (“hacer sonar el silbato”) suponen una vía para comunicar infracciones cada vez más extendida en las personas jurídicas, de la que cualquier miembro de la organización puede hacer uso. Como es lógico, conseguir este tipo de denuncias no siempre será fácil, por cierto temor a posibles represalias. Según datos publicados en la web de la Comisión Europea, provenientes de la Encuesta Global de Ética Empresarial 2016, un 36% de los “whistleblowers” sufrieron algún tipo de represalia.

    Recurrir al canal de denuncias para tales supuestos siempre requerirá adicionalmente una elevada cultura de cumplimiento ya instaurada dentro de la organización.

    La propia Comisión Europea, ante la disparidad normativa de los Estados miembros en la regulación de la protección de este tipo de denunciantes, ha propuesto la creación de una nueva norma unificadora de criterios.

    Dentro de la misma, se incluye la confidencialidad de la denuncia, la accesibilidad a los canales para su comunicación y la penalización de cualquier represalia contra los denunciantes como pueda ser el acoso laboral o el despido. Esta nueva normativa establece incluso la obligación de  que  todas las empresas con más de 50 empleados o con una facturación anual de más de 10 millones de euros desarrollen e implanten un procedimiento interno de gestión de denuncias, que garanticen la confidencialidad del denunciante y fijen tres niveles de información (interna, a las autoridades o de medios).

    En caso de represalia, la carga de la prueba se revierte de manera que se presupondrá que ha habido represalia contra el denunciante, salvo que se demuestre lo contrario por la parte contraria a éste.

    Puede acceder a más información en el presente enlace de la Comisión Europea

    Los propios organismos supervisores nacionales, también han señalado en alguna ocasión la importancia de estas vías de comunicación. Ejemplo de ello es la nota de prensa publicada a principios de este año por la CNMV, donde se anunciaba la apertura de su propio canal de denuncias, para poder denunciar posibles infracciones de normativas como el Reglamento de Abuso de Mercado 596/2014 (y su desarrollo) y MiFID II. Puede visitar este canal de denuncias en el siguiente enlace

  • La Última Reforma del Código Penal Incrementa el Nivel de Responsabilidad de las Personas Jurídicas

    La introducción en nuestro Código Penal de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el año 2010 y en mayor grado la inclusión, como eximente de dicha responsabilidad,  de modelos de prevención penal eficaces en las organizaciones, fue en nuestro país uno de los grandes potenciadores del desarrollo del cumplimiento normativo. El derecho penal ha seguido avanzando en este sentido, agravando aún más esta responsabilidad con su última reforma, a través de la Ley Orgánica 1/2019 de 20 de febrero*.

    Dentro de los delitos relacionados con abuso de mercado, alteración y manipulación de precios y uso de información privilegiada, se añaden nuevas agravantes, siendo especialmente destacable la consistente en que quien cometa el tipo delictivo sea una entidad financiera. La reforma también introduce nuevas formas de comisión de delitos relacionadas con la tecnología y la creación de un nuevo tipo penal consistente en la revelación ilícita de información privilegiada.

    En materia de corrupción en los negocios, se incluye como tipo delictivo el hecho de ofrecer o prometer beneficios no justificados.

    En relación a los delitos de defraudación fiscal y de subvenciones, los mínimos para la comisión del hecho delictivo cambian. Para los delitos de cohecho,  la redacción adopta una visión europea e internacional sobre el concepto de funcionario público. Es importante destacar que con esta reforma, las personas jurídicas también podrán ser penalizados como cooperadoras de los delitos de malversación.

    Los delitos de falsificación de moneda también se han visto afectados, al darse una tipificación de las infracciones más alta cubriendo la falsificación incluso antes de que la moneda se haya puesto en circulación.

    En el ámbito del tráfico de órganos se incluyen nuevas agravantes y se establece su penalización de manera conjunta con otro tipo de delitos como el de trata de seres humanos.

    Finalmente, en materia de terrorismo es importante destacar que con esta reforma, las personas jurídicas pasarán a poder ser sujetos activos de todo tipo de delitos de terrorismo.

    En definitiva, se trata de una reforma que supone un aumento significativo de los agravantes y, por tanto, de las penalizaciones para las personas jurídicas y sus administradores.

     

    *https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/21/pdfs/BOE-A-2019-2363.pdf

  • Los nuevos modelos para la presentación de las cuentas anuales contra el blanqueo de capitales

    Prevención del blanqueo de capitales

    La regulación mercantil se reforma con nuevas medidas a favor de la prevención del blanqueo de capitales tras la publicación el pasado 27 de marzo de 2018 de la Orden JUS/319/2018 de 21 de marzo, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación.

  • Los planes de prevención penal ya son obligatorios para los Clubes de Fútbol

    LaLiga

    En esta ocasión queremos compartir con vosotros una noticia reciente sobre la Liga Española de Fútbol y el Compliance.

  • Los supervisores españoles apoyan el uso de tecnologías como el blockchain en la desintermediación de los mercados

    La tecnología está cada vez más presente en el mundo financiero. Prueba de ello es el acuerdo al que han llegado recientemente Bolsas y Mercados Españoles (BME), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), junto con un total siete entidades financieras (BBVA, Banco Santander, CaixaBank, BNP Paribas, Société Générale y Commerzbank), para que mediante el uso de tecnología blockchain se inicie un primer proyecto de desintermediación designado como Fast Track Listing (FTL).

    En ensayo, en este caso se ha realizado para el registro de emisiones, aminorando el tiempo de intermediación en la emisión de warrants en casi un 70%, reduciendo únicamente a 48 horas un proceso que podría alcanzar incluso periodos de una semana.

    Esta iniciativa, vuelve a ser una prueba más de la eficiencia que la tecnología puede aportar en cualquier sector en lo que a costes y tiempo se refiere, adicionalmente a otras ventajas como el incremento de la trazabilidad, transparencia y seguridad de cualquier proceso.

  • María Dolores Pescador liderará una conferencia de Riesgo de Conducta de Mercado organizada por UNESPA

    Conferencia de Riesgo de Conducta de Mercado organizada por UNESPA

    El próximo 20 de junio tendrá lugar una sesión informativa sobre riesgo de conducta de mercado impartida por María Dolores Pescador, CEO & Co-Founder de RegTech Solutions. Esta conferencia tiene como objetivo analizar el riesgo de conducta de mercado en el seno del sector asegurador y está especialmente dirigida a profesionales del mundo del Compliance.

    El evento, al que ya se han inscrito más de 70 personas, está organizado por UNESPA, Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, y se realizará en sus instalaciones de Madrid.

    Desde RegTech Solutions somos conscientes de la importancia de gestionar correctamente el riesgo de conducta y, por ello, ponemos a disposición de nuestros clientes una metodología de mitigación pionera en el sector, desarrollada en base a la experiencia de otros países de nuestro entorno.

  • María Dolores Pescador participa en un panel de expertos sobre el regtech

    Este verano, Regtech Solutions no ha parado y tampoco lo ha hecho su CEO, María Dolores Pescador, la cual ha sido invitada como experta a un coloquio sobre la importancia del regtech en el panorama actual. Durante la charla, organizada por Lefebvre, se profundizó de manera distendida sobre el tema de la innovación en las áreas de cumplimiento y riesgo, mostrando varios puntos de vista de expertas del mundo de la regulación, como son María Dolores Pescador, Ainhoa Veiga y Paloma Llaneza.

    En el coloquio se comenzó tratando de manera amplia el concepto de regtech para después explorar más detenidamente cuáles son las expectativas de reguladores, empresas y supervisores en el contexto actual. Una de las cuestiones sobre la mesa fue el cambio en la regulación y cómo afecta a los negocios, una transformación apoyada por la nueva forma de tratar el Compliance a través del avance de las nuevas tecnologías. Y, dentro de este ámbito, el punto en común entre las expertas ha sido el convencimiento de que, las mejoras en el gobierno interno de las empresas en general, es un proceso imparable, que conducirá a una forma de trabajar más ética, ordenada y sólida y contribuirá de manera decisiva a su sostenibilidad.

    En Regtech Solutions estamos encantadas de participar en este tipo de eventos que acercan el concepto de regtech y abren el debate sobre cuestiones de cumplimiento que ahora, más que nunca, está siendo un tema fundamental para muchas compañías y organismos. Agradecemos la invitación de Lefebvre y esperamos volver a participar en otras iniciativas que sirvan para facilitar el cambio que se está viviendo en el sector del Compliance.

    A continuación, os dejamos el vídeo de “Conversaciones en la Azotea” para que podáis disfrutar de la charla sobre regtech entre estas tres profesionales.

  • MIFIDII: Aprobación de la transposición por Real Decreto

    MIFIDII

    El Consejo de Ministros aprobó el pasado 28 de Setiembre el Real Decreto-Ley 14/2018 que, junto al Real Decreto-Ley 21/2017 de 29 de diciembre de medidas urgentes, completa la transposición de la normativa europea MiFID II, en este caso mediante la modificación de la Ley del Mercado de Valores.

    No obstante, esta ley largamente esperada por el sector financiero, y con un profundo impacto en el mercado, despeja pocas dudas respecto a las incógnitas que presenta la directiva por lo que, habrá que seguir esperando a los desarrollos reglamentarios  y/o guías de la CNMV.

     Concretamente, nos parece relevante destacar las condiciones que se establecen para la percepción de incentivos (Artículo 220 quinquies):

    “ En ningún caso se considerará que las empresas de servicios y actividades de inversión cumplen con las obligaciones establecidas… si abonan o cobran honorarios o comisiones.. en relación con la prestación de un servicio de inversión… a un tercero…a menos que el pago o el beneficio: a) Haya sido concebido para mejorar la calidad del servicio pertinente prestado al cliente; y b) no perjudique el cumplimiento de la obligación de la empresa de servicios y actividades de inversión de actuar con honestidad, imparcialidad y profesionalidad, en el mejor interés de sus clientes.

    (…)

    El Gobierno o, con su habilitación expresa, la CNMV, desarrollarán lo dispuesto en este artículo. En particular, podrán establecer una lista cerrada de supuestos en los que se considerará que concurren los requisitos señalados...”

    Es decir que con toda probabilidad, será la CNMV la encargada de determinar los modelos de distribución de productos financieros que van a existir en nuestro país en los próximos años, lo que supone asumir la responsabilidad de tratar de evitar que se vuelvan a producir las malas prácticas de venta que hemos visto en los peores momentos de la crisis financiera.

  • Mystery Shopping: una nueva forma de supervisión

    Mystery Shopping

    Tras las recientes reformas legislativas en el sector bancario en materia de protección a los consumidores, han nacido nuevos métodos en el control de la venta de productos financieros, que hasta ahora se utilizaban en  sectores tan diferentes como el de la venta de automóviles o las agencias de viajes.

    Nos estamos refiriendo al llamado “mystery shopping”, en el que una persona haciéndose pasar por un potencial cliente, acude a un establecimiento para comprobar de manera encubierta cuál es la forma de trabajar del personal de la sucursal.

    Este método es especialmente útil para el sector bancario o asegurador, no solo para los supervisores, sino también para las áreas de Cumplimiento que deseen comprobar, cómo se lleva a la práctica la política de gobierno de productos,  y en concreto, su adecuación a las características del cliente, tales como su experiencia y conocimientos, necesidades y objetivos, situación financiera, capacidad para afrontar pérdidas o grado de tolerancia al riesgo.

    El “mystery shopping” permite comprobar “in situ” si el vendedor está cumpliendo realmente con la normativa interna, más allá del grado de interés o amabilidad que éste aporte en el desarrollo de su trabajo, factores que dominan en sectores distintos al sector financiero.

    El desarrollo del “mystery-shopping” suele comprender las siguientes fases:

    1º. Determinación de la normativaaplicable y de los requisitos a cumplir en la comercialización de los productos.

    2º. Formación de los "mystery shoppers" según la normativa aplicable.

    Elaboración de los cuestionarios que aquellos deberán cumplimentar tras su visita a las sucursales escogidas.

    3º. Visitas a la sucursal y recopilación de resultados.

    4º.  Análisis de los resultados con elaboración de un informe final. En él se detectarán posibles incumplimientos y se elaborará un plan de acción con el fin de suplir las carencias detectadas.

    El “mystery shopping”, es utilizado de manera habitual en Reino Unido, tanto por las entidades financieras como por la FCA (Financial Conduct Authority) y en España empezó a aplicarse en 2.017 por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

    En RegTech Solutions ya hemos empezado a prestar este tipo de servicio a nuestros clientes, ofreciéndoles nuestra propia metodología y el uso de las herramientas informáticas que les permiten comparar la evolución de los resultados en el tiempo.

  • Normas de conducta y el nuevo Proyecto de Ley de Crédito Inmobiliario

    Ley de Crédito Inmobiliario

    En RegTech Solutions creemos que es importante analizar el espíritu del regulador en materias tan relevantes como es la protección de los consumidores y, en este sentido, presentamos a continuación el paralelismo del Proyecto de Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario con MiFID II y su normativa de transposición:

    1º. El establecimiento de requisitos de conocimientos y competencia: el personal al servicio del prestatario que comercialice el crédito inmobiliario, al igual que sucede con el de las empresas de servicios de inversión, deberá contar con los conocimientos y competencias necesarios y actualizados sobre los productos que comercialice.

    2º. En relación con las ventas combinadas, existe el deber de informar de las diferencias entre la oferta combinada y la oferta de los productos por separado.

    3º. La relación entre las remuneraciones e incentivos del personal y la obligación de crear políticas para el tratamiento de los conflictos de interés. Así, el Proyecto de Ley de Crédito Inmobiliario hace referencia a incorporar medidas escritas y procedimientos para evitar los conflictos de interés, en particular estableciendo que la remuneración no dependa de la cantidad o de la proporción de solicitudes aceptadas”

    4º. En materia de transparencia contractual, se establece la obligación de actuar en el mejor interés del cliente o en el caso del Proyecto de Ley comentado, del prestamista. De esta manera, al igual que sucede en la normativa MIFID II y su desarrollo, que imponen la obligación de informar sobre la existencia de asesoramiento independiente o no, el prestamista “debe informar previa y expresamente al prestatario y por escrito, en sentido positivo o negativo, si se están prestando o pueden prestarse al prestatario servicios de asesoramiento con respecto a una determinada operación.”

    5º. La adecuación entre el cliente y el productoen la comercialización también se aborda en la regulación del crédito inmobiliario como sucede con MiFID II. En particular, el Proyecto de Ley establece la obligación de recabar información acerca de la situación personal y financiera del prestatario, necesidades y circunstancias, preferencias y objetivos, de modo que puedan recomendar contratos de préstamo adecuados.

    Finalmente, cabe destacar,un requerimiento específico de esta normativa, que para solucionar la problemática de las “cláusulas suelo” incluye como novedad que en las operaciones con tipo de interés variable no se pueda fijar un límite a la baja del tipo de interés así como que éste no pueda ser negativo.

    Puede acceder al Proyecto de Ley pinchando en el siguiente enlace:

    Descargar PDF

  • Nueva reforma en los organismos supervisores del sistema financiero

    Congreso de los Diputados

    Durante su comparecencia en el Congreso, el Ministro de Economía, Industria y Competitividad, ya ha anunciado su intención de reformar la estructura de los principales organismos de supervisión que afectan a nuestro sistema financiero, a través de un nuevo Proyecto de Ley.

  • Q&As de MiFID sobre protección al inversor

    El pasado 28 de marzo la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) procedió a la actualización de su documento de preguntas y respuestas (Q&As) sobre la aplicación de MiFID II en el ámbito de protección al inversor e intermediarios*.

    Con esta actualización se añade una nueva pregunta acerca de los requerimientos de reporte transaccional para los operadores del mercado y proveedores de liquidez. Deberá publicarse información en relación a la calidad de las ejecuciones siendo tal obligación aplicable tanto a las operaciones over the counter (OTC) como a aquellas operaciones sujetas a la exención de las obligaciones de pre- transparencia.

    Se añaden novedades en materia de cómo han de distinguir las entidades entre “pasos razonables”( requeridos en MiFID I) y “pasos suficientes” (requeridos en MiFID II) a la hora realizar una mejor ejecución de las operaciones financieras. El requerimiento de “pasos suficientes” es aún más exigente, a la hora de exigir los mejores resultados para el cliente. Ello implicará un mayor grado de monitorización en las transacciones.

    Se incluyen igualmente nuevos requerimientos a introducir en el informe de idoneidad del que se hará entrega a los clientes, debiéndose indicar el grado de ajuste entre las características del potencial cliente (situación financiera del cliente, su grado de tolerancia al riesgo, su experiencia o sus objetivos de inversión) y el producto financiero a adquirir. El resultado de este informe deberá ser lo más exacto posible, debiéndose evitar frases genéricas (ej: “el producto es adecuado porque coincide con su nivel de tolerancia al riesgo") para sustituirlas por otras en las que se especifique el grado de riesgo y el grado de tolerancia por niveles numéricos.

    El documento aclara igualmente la forma en la que debe facilitarse la información ex ante para el cliente en relación a los costes y gastos de la operación a realizar, debiendo ser dicha información concreta y no genérica para el producto de que se trate. Tal información podrá darse una sola vez o de forma periódica, y deberá ser suficientemente clara, comprensible, y encontrarse actualizada. Asimismo, deberá emplearse la nomenclatura acorde con la normativa aplicable.

    En los servicios de gestión de carteras, la información ex ante deberá incluir referencias a cualquier servicio o producto auxiliar y una relación de los instrumentos financieros en los que podrá invertirse, así como información ex ante sobre el valor de los activos bajo gestión y sobre la cartera prevista para el cliente de manera personalizada según sus características. También deberá informarse sobre los costes tributarios, siendo obligatoria la información ex ante sobre los costes tributarios de la transacción y potestativa la información ex ante sobre los costes tributarios asociados a los ingresos obtenidos por el producto.

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