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  • La CE plantea sanciones por los retrasos en la transposición de MIFID II

    TRANSPOSICIÓN MIFID II

    Tras la reciente crisis en el mercado financiero, desde la Unión Europea los organismos supervisores se plantearon tomar medidas a través del inicio de una nueva fase regulatoria. De esta manera, se pretendió, entre otras cuestiones, acabar con los conflictos de interés y dar una mayor protección a los inversores, estableciendo una serie de parámetros que garantizaran la adecuación entre el cliente y el producto adquirido o limitaran el uso de comisiones en la prestación de ciertos tipos de asesoramiento financiero. Todo ello, con el objetivo de que el asesoramiento financiero gozará de una mayor independencia.

    No obstante, pese a que ya ha transcurrido el año de prórroga para la trasposición de la Directiva 2014/65/UE, más comúnmente conocida como MIFID II, 19 de los países europeos aún no han procedido a su transposición total dentro del ámbito de su regulación. Concretamente, España ya aprobó el pasado mes de diciembre un Real Decreto Ley de medidas urgentes que, sin embargo, tan solo ha supuesto una transposición parcial de la citada regulación europea.

    A pesar de que desde Europa se ha dado una última oportunidad a los países miembros que aún tienen pendiente el desarrollo amplio y concreto de MIFID II, dentro de la normativa nacional, las consecuencias de la no trasposición de esta Directiva pueden ser graves para el país, pues el incumplimiento de un desarrollo regulatorio puede llegar a ocasionar la intervención del Tribunal de Justicia Europeo, con las consecuencias sancionatorias que ello conlleva.

    A finales de enero, la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción a España, ofreciendo dos meses más de margen para la transposición de la nueva ley. No obstante, al finalizar el plazo y no cumplir que la citada regulación haya visto la luz, la Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia Europeo.